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05-10-23 - Obligan a la Policía a indemnizar a un agente agredido en acto de servicio
El TSJ da la razón a un policía nacional de Medina del Campo, que reclamó a la Dirección General 8.552 euros después de que el agresor fuera declarado insolvente.
Álvaro Muñoz
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| Comisaría de la Policía Nacional de Medina del Campo. El Norte |
Cuatro años después, un policía nacional de Medina del Campo será indemnizado económicamente tras ser agredido en acto de servicio durante una intervención en febrero de 2019. Y se lo tendrá que abonar la Dirección General de la Policía. Así lo ha decretado recientemente la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), que obliga a la administración a pagar 8.552 euros al agente después de que el agresor fuera declarado insolvente por auto judicial en 2021.
Un tedioso procedimiento judicial que arrancó a principios de 2019, cuando este agente acudió al pub La Luna de Medina del Campo tras ser requerido por una pelea. Allí, el agresor arrojaba mesas, sillas y hasta vasos de cristal. Este agente y otro de la Local, los primeros en acudir, intentaron calmar a este hombre, que continuó toda la intervención con una actitud desafiante y agresiva, con insultos y amenazas, que aumentaron cuando el finalmente el detenido, bajo los efectos del alcohol, propinó patadas y puñetazos a los dos agentes en el momento del arresto, según refleja el atestado policial de esa noche.
Estos hechos fueron juzgados en junio de 2019 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid, que condenó al agresor a un año y medio de prisión por delitos de lesiones y atentado a la autoridad, así como al pago de 8.552 euros en concepto de responsabilidad civil al agente de la Nacional. La pena de cárcel la eludió al ser sustituida por el compromiso de no delinquir en los próximos dos años.
Arduo proceso judicial.
Dos años más tarde, en septiembre de 2021, el condenado fue declarado insolvente por el mismo juzgado, lo que dejaba sin posibilidad de cobro al policía agredido. Fue en ese momento, como afiliado al sindicato Jupol de Valladolid (que le ha costeado los servicios del procurador y de la abogada), cuando inició los trámites para recibir esos 8.552 euros. Arduo camino que se ha prolongado hasta que el TSJ, apoyado en sentencias del Supremo por casos similares, le ha dado la razón.
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