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ÚTIL DEL VISITANTE A MEDINA DEL CAMPO - COMERCIO
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14-01-17 - Palencia se integra en una red para mejorar el comercio interior
La Junta y 21 diputaciones y ayuntamientos de la comunidad forma inicialmente la Raci, abierta a nuevos socios
La agrupación estudiará el sector, detectará las necesidades y plantearán soluciones y mejoras.
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Representantes de las instituciones integrantes de la red, tras la creación de la agrupación. / El Norte |
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y representantes de diputaciones y ayuntamientos de Castilla y León han firmado este viernes en Valladolid el convenio de creación de la Red de Agentes de Comercio Interior (Raci). Esta agrupación facilitará la colaboración entre las instituciones y la interlocución con los profesionales para garantizar una mejor coordinación de todas las iniciativas en favor del sector, evitando duplicidades y optimizando recursos.
Casi 25.000 empresa y más de 31.300 locales
El comercio es un sector estratégico para la economía de Castilla y León, con un volumen de negocio anual de 10.764 millones de euros –el 5,3 % del total nacional– según las últimas cifras oficiales, correspondientes al ejercicio 2014.
El sector, aglutinaba, a fecha 1 de enero de 2016, a 25.263 empresas con sede en la comunidad, el 5,5 % de las domiciliadas en el conjunto del país, y 31.384 locales, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE).
La función de Raci consistirá en recabar información para prestar asesoramiento y apoyo técnico a los comerciantes y orientar la toma de decisiones administrativas, para impulsar la innovación y la competitividad de una actividad que emplea a en torno a 97.000 personas, según la EPA del tercer trimestre de 2016.
El III Plan de Comercio: Estrategia para el Comercio de Castilla y León 2016-2019, aprobado por el Gobierno autonómico el pasado 9 de junio, concibe la Raci como un instrumento de cooperación entre las administraciones que interactúan con el sector, ya sea a través del diseño de la política comercial –competencia que corresponde a la Junta– o mediante el ejercicio de funciones en ámbitos complementarios que influyen en esta actividad –labor de la que se encargan las entidades provinciales y locales–.
El acuerdo por el que se crea esta red, que está coordinada por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda, determina que tienen cabida en ella las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de los municipios de la comunidad con más de 20.000 habitantes, sin perjuicio de que puedan solicitar su adhesión localidades con menor población siempre que cuenten con un mínimo de tejido comercial.
Conforme a esta regulación, las 21 entidades que han formalizado su integración en la Raci son las diputaciones de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, así como los consistorios de Ávila; Burgos; Aranda de Duero y Miranda de Ebro, ambos en la provincia burgalesa; León; los leoneses de Ponferrada y San Andrés del Rabanedo; Palencia; Salamanca; Soria; los vallisoletanos de Medina del Campo y Laguna de Duero, y Zamora. Con estas no se cierra la red, sino que se trata de una primera configuración puesto que el convenio está abierto a futuras incorporaciones.
Tres áreas
El documento que concreta la política comercial de la Junta hasta 2019 asigna a la red el papel de eje transversal respecto a tres grandes áreas de planificación: Ordenación del Comercio, Tejido Empresarial y Dinamización Comercial. De ahí que el acuerdo especifique que su cometido principal será impulsar la ordenación, la innovación y la promoción del comercio local.
En el primer ámbito la Raci se encargará de trazar una radiografía del sector, recabando información básica sobre el número de licencias tramitadas (particularmente las denominadas exprés); el grado de cumplimiento de las medidas de simplificación administrativa y eliminación de barreras para la apertura de nuevos negocios, y sobre otras materias, de cara a la elaboración de estudios de utilidad para los profesionales.
En el apartado relativo al Tejido Empresarial, la red trabajará en el diagnóstico de necesidades de innovación, tecnológicas y formativas de los establecimientos y en asegurar una eficiente coordinación institucional a la hora de prestar sus instrumentos de apoyo en procesos de creación, modernización y sucesión de la titularidad de negocios locales.
Y en una tercera línea, los agentes integrantes de la Raci fomentarán el intercambio de datos entre administraciones y plantearán iniciativas de mejora de los entornos comerciales –en particular, en lo referente a los mercados de abastos municipales– para favorecer la dinamización del sector. También tendrán encomendado el diálogo con los comerciantes, a través de las asociaciones que representan sus intereses, y la elaboración de propuestas de campañas de promoción.
Portal del comerciante
Cada firmante del acuerdo, que tiene una vigencia de cuatro años, se compromete a desarrollar medidas para asegurar la operatividad de la Red. En este sentido, la Consejería de Economía y Hacienda asume la obligación de crear un portal del comerciante, con versiones específicas para cada una de las entidades locales participantes, que recopile datos sobre los establecimientos de la comunidad e información de utilidad para el sector y permita una participación activa ‘online’.
Los ayuntamientos y las diputaciones, por su parte, velarán por la actualización del portal, constatarán el alcance de las iniciativas de simplificación administrativa, favorecerán el intercambio de experiencias y recopilarán las necesidades de los empresarios dentro de su ámbito territorial.
La Raci se servirá de los medios personales y materiales propios de las administraciones participantes, por lo que no generará incremento de gasto público, y desarrollará sus funciones a través de comisiones de trabajo –una por cada entidad integrante– y de una comisión de seguimiento de carácter autonómico. Las normas de funcionamiento de cada órgano se concretarán en sus respectivas reuniones constituyentes.
El reto es que la herramienta que arranca hoy favorezca una óptima coordinación entre las administraciones autonómica, provincial y local, que permita generar sinergias mediante iniciativas conjuntas y evitar duplicidades, para que las políticas aplicadas redunden con mayor eficacia en beneficio del comercio.
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