El
soterramiento del ferrocarril depende de que la sociedad
pública Valladolid Alta Velocidad 2003, integrada
por el Ministerio de Fomento, la Junta y el Ayuntamiento,
comience la comercialización de los terrenos que
se liberen del paso de las actuales vías férreas.
Los fondos obtenidos mediante la subasta de solares deberá
sufragar el coste del traslado de los talleres de Renfe
a su nueva ubicación, al norte de la ciudad, en
el camino de Palomares. Como representantes de la Administración
central forman parte del consejo de administración
de esta sociedad el presidente de Renfe y el del ente
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF). Ambos,
puestos se encuentran desde el domingo pendientes del
nombramiento de los nuevos responsables.
Fomento
participa en esta sociedad pública con el 50% del
capital y la aportación de los terrenos de Renfe,
lo que convierte a este partícipe en el de mayor
capacidad de decisión. La reciente elección
del gerente de la sociedad pública tendrá
que ser ratificada por un consejo de administración
para el que ni puede fijarse una fecha de celebración.
Fuentes
municipales consultadas ayer indicaron que resulta probable
que Fomento busque otro nombre porque el designado José
Francisco Molinilla, «quizá no responda al
perfil profesional y técnico que se quiere para
el puesto». De confirmarse esta posibilidad, Molinilla
ni llegaría a ocupar el puesto para el que ha sido
designado por el alcalde con la anuencia del hasta ahora
secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco
y del consejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván,
los tres del PP.
El
portavoz municipal socialista, Ángel Velasco, dijo
por su parte para eliminar suspicacias del gobierno local
que, «el PSOE actúa con lealtad a las instituciones
donde está representado».