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- 02-04-18 - CSIF alerta de la pérdida de más de 50 funcionarios de Justicia en Valladolid
- 27-06-18 - El tercer juzgado de Medina del Campo empieza a funcionar el 30 de junio
- 26-07-18 - CCOO denuncia problemas seguridad y salud laboral en administración justicia
- 08-08-19 - GYG Abogados Medina está con German Saez Crespo y Virginia Andres.
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02-04-18 - CSIF alerta de la pérdida de más de 50 funcionarios de Justicia en Valladolid
También se temen el posible desmantelamiento del servicio de los registros civiles en la provincia
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Valladolid alerta de que, en unos meses, pueden desaparecer más de 50 funcionarios de Justicia en la provincia de Valladolid, si el Gobierno no prorroga una vez más -antes de julio- la suspensión de la aplicación de la Ley 20/2011 del Registro Civil, para evitar así que entre en vigor. La activación de esa normativa supondría la desaparición de los registros civiles tal y como se conocen hasta ahora, desde su creación en 1870. Sus competencias y tareas se desligarían del Ministerio de Justicia y podrían suponer el desmantelamiento de los juzgados de paz.
Según Cesif, la nueva Ley del Registro Civil, provocará una supresión de funcionarios de Justicia con la consiguiente destrucción de empleo y también por el deterioro del servicio del Registro Civil que se produciría, especialmente en el medio rural.
En concreto, en Valladolid se podrían suprimir 15 puestos de trabajo en el Registro Civil de la capital vallisoletana, 3 en los juzgados de Medina del Campo y Medina de Rioseco, y unos 35 en las agrupaciones de juzgados de paz de la provincia.
En el ámbito de Castilla y León, los funcionarios afectados rondarían los 400, y en toda España el número de puestos en riesgo ascenderían a unos 4.000, muchos de ellos en los juzgados de paz.
Los sindicatos apuestan por una nueva ‘vacatio leguis’ que permita abordar, el nuevo modelo que debe regular el Registro Civil. En palabras de la responsable del sector de Justicia de CSIF en Valladolid, María Jesús Zamorano, “el ministro Rafael Catalá debe cumplir su compromiso de que el Registro Civil se gestione por funcionarios de Justicia. Sólo así se podrá conseguir preservar sus grandes activos, esto es, un servicio público gratuito, próximo al ciudadano y avalado por la experiencia y conocimiento de los funcionarios de la Administración de Justicia. Eso sí, hay que dotar a los registros civiles del material, el personal y los medios informáticos y técnicos suficientes y necesarios”. “Si el Registro Civil sale de la Administración de Justicia, se puede poner en peligro la continuidad de los juzgados de paz tal y como hasta ahora los conocemos”, se asegura desde CSIF Justicia Valladolid, “con la consiguiente pérdida de servicios que ello supondría para el medio rural y el deterioro en la proximidad de la Justicia, para un conjunto de población, de edad cada vez más avanzada y con dificultades para acceder a servicios básicos que deben ser garantizados. En una Comunidad como Castilla y León y en una provincia como Valladolid, se debe de atender a las necesidades del medio rural no sólo para frenar la despoblación, sino para garantizar la calidad de vida de las personas que viven en él”.
El sindicato CSIF advierte que, “además, según están las cosas, los únicos que podemos garantizar la continuidad del servicio del Registro Civil, a partir del 1 de julio, somos los funcionarios de Justicia, porque ni se han previsto los medios personales y materiales que precisa la Ley 20/2011 para su entrada en vigor, con la redacción actual, ni hay programa, ni reglamento ni personal preparado para poner en marcha ese nuevo modelo”, considera María Jesús Zamorano. “Los políticos, que tanto dicen defender los servicios públicos, se tienen que retratar definitivamente en este asunto, y propiciar la aprobación de una nueva ley que modifique y reforma la actual que permanece suspendida”, añade.
La presidenta provincial de CSIF de Valladolid, María José San Román, asegura que “es falso que la Ley 20/201 del Registro Civil contara con el consenso social que se dice que tuvo, pues CSIF, por ejemplo, que es la primera fuerza sindical en Justicia, no apoyó esa Ley, que dejaba en precario a los funcionarios de Justicia y alejaba el servicio del ciudadano”.
Es por ello por lo que San Román llama “a la movilización en defensa de un Registro Civil servido por funcionarios de la Administración de Justicia, manteniendo su estructura territorial. Tendemos la mano a grupos políticos, instituciones, ayuntamientos y agentes sociales de la provincia en defensa del Registro Civil, así como de los juzgados de paz”.
27-06-18 - El tercer juzgado de Medina del Campo empieza a funcionar el 30 de junio
El personal que trabajará en el mismo no tomará posesión de sus puestos hasta el próximo lunes día 2 de julio
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Comisiones Obreras de Castilla y León se congratula con la puesta en marcha del tercer juzgado en la localidad vallisoletana de Medina del Campo. El próximo día 30 de junio entra en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Medina del Campo, si bien el personal que trabajará en el mismo no tomará posesión de sus puestos hasta el próximo lunes día 2 de julio.
El sindicato destacó, a través de un comunicado de prensa, que rras muchos años persiguiendo la creación del tercer juzgado en el partido judicial de Medina del Campo, a partir del próximo sábado será una realidad, a la espera de la finalización de las obras que se están realizando en la planta superior del edificio judicial que alberga los juzgados medinenses, para la adaptación de los espacios necesarios para poder prestar un servicio razonable a la ciudadanía.
El partido judicial de Medina del Campo, al que prestará servicio, cuenta con 50.000 habitantes, y engloba un total de 47 municipios, entre los que hay que reseñar Alaejos, Nava del Rey, Rueda, Olmedo, Fresno el Viejo… Su creación conllevará «una mejor distribución de las cargas de trabajo que soportan los dos juzgados existentes hasta la fecha, lo que redundará en la prestación a la ciudadanía de un servicio público de mejor calidad», destacaron.
Acto seguido de la puesta en marcha de este tercer juzgado, se iniciarán las obras de accesibilidad al edificio judicial, unas actuaciones que según CCOO, «lamentablemente, y por la incompetencia de los gestores del Ministerio de Justicia, no se han realizado», lo que llevó al Sector de Justicia del sindicato, en la persona de su delegado de prevención, Raúl Franco, a denunciar ante la Inspección de Trabajo tal situación.
Afortunadamente, reconocieron desde CCOO, el Ministerio de Justicia «ha reaccionado, y el pasado mes de septiembre licitó las obras para eliminar las barreras arquitectónicas del edificio judicial, con un coste de 223.212 euros y un plazo máximo de ejecución de seis meses».
26-07-18 - CCOO denuncia problemas seguridad y salud laboral en administración justicia.
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Valladolid, 25 jul (EFE).- El sindicato CCOO ha denunciado hoy los graves problemas en materia de seguridad y salud laboral que a su juicio padece la Administración de Justicia en los diferentes centros de trabajo de Valladolid, por los que ha interpuesto siete denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el último año.
Por ello, el sindicato, a través de un comunicado, ha pedido solucionar los problemas de electricidad estática del edificio judicial de la calle Nicolás Salmerón que afectan a su plantilla y a los que no se da solución por el gerente ni por el propietario del inmueble, a pesar del millón de euros anuales que se paga por su alquiler.
El sindicato ha exigido asimismo la instalación de desfibriladores en las sedes judiciales donde se concentran un gran número de ciudadanos, como en el edificio de la calle Angustias, al que llegan 1.000 personas todos los días más los 250 funcionarios que trabajan en ella y los abogados y procuradores que acuden a él.
"Los argumentos para no instalarlos son peregrinos, simplemente no hay voluntad", ha afirmado en el comunicado el delegado de Justicia de CCOO, Raúl Franco, quien se ha mostrado satisfecho por el inicio de las obras de accesibilidad en el edificio judicial de Medina del Campo tras la denuncia de CCOO por su retraso, aunque también ha exigido la contratación de personal de seguridad en el Juzgado de Medina de Rioseco.
El sindicato ha informado de que las evacuaciones y simulacros de los edificios judiciales dispuestos en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales solo se han realizado en una ocasión y respecto a dos de las nueve sedes judiciales de la provincia, "cuando deberían realizarse todos los años y en todas las sedes".
CCOO ha calificado estas situaciones como "solo unos ejemplos más del incumplimiento reiterado de la normativa por parte del Ministerio de Justicia" y los ha achacado a la "desidia y falta de interés" de los dirigentes.
El sindicato ha incidido en que la falta de actuación perjudica "seriamente" al conjunto de las personas trabajadoras de la Administración así como a los ciudadanos que acuden a las sedes judiciales. EFE.
08-08-19 - GYG Abogados Medina está con German Saez Crespo y Virginia Andres.
2- ¿Por qué se usa Toga durante los procedimientos judiciales?
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Se comenta que la abogacía es la única profesión que nunca se quita la toga y de acuerdo con la norma, durante el procedimiento que se lleva a cabo en tribunales durante el litigio, los abogados deben usarlas. Sin embargo, esta es una práctica que ha caído parcialmente en desuso. Su origen se remonta al reinado de Felipe II (1556-1598), quien uniformó a la administración imponiendo el color negro en los trajes de ceremonia para identificarlos, no solo en las salas de justicia sino en todo lugar. En 1870, se estableció la obligación de la toga solo para abogados.
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