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16-03-2020 - Autorizada la retirada de casi 22.750 toneladas de amianto en CyL desde 2015.
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| Autorizada la retirada de casi 22.750 toneladas de amianto en CyL desde 2015. |
León, 16 mar (EFE).- En los últimos cinco años, desde 2015, las obras de reforma o demolición y la sustitución de cubiertas de uralita y conducciones de agua de fibrocemento han permitido retirar del conjunto de Castilla y León 22.728,31 toneladas de amianto, sobre todo por placas, según los datos facilitados a Efe por la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
De ellos, casi la mitad, 10.333,51, se registraron en 2016, un año en el que, según han recordado desde la Junta, se sacaron 7.664 toneladas de suelo contaminado con este material en el marco de la construcción de la nueva estación del AVE de Medina del Campo (Valladolid) .
Así, en los años 2019 (3.414,65) y 2018 (3.423,63) se ha extraído una tercera parte de la misma sustancia que el pasado mes de febrero obligaba a paralizar el desescombro del derrumbe en un vertedero de Zaldibar (Vizcaya).
Menor fue aún la cantidad retirada en los años 2015 y 2017 con 2.834,15 y 2722,37 toneladas, respectivamente.
Pese a tratarse de una cuestión medioambiental y de salud pública, las autorizaciones para los planes de trabajo que conllevan el contacto con estructuras que contienen amianto dependen en Castilla y León de la Consejería de Empleo e Industria.
En este sentido, según las estadísticas manejadas por el departamento del que es responsable Germán Barrios, en un lustro se han activado 2.007 proyectos - presentados por un total de 740 empresas- para la retirada, el procesamiento, el transporte y el depósito en vertedero autorizado de estos residuos a empresas especializadas.
El 64 por ciento, un total de 1.285, han sido específicos, mientras que el resto, hasta 732, han sido planes únicos de carácter general.
En este último caso, y ante la aparición de imprevistos, la empresa cuenta con la autorización previa tras comprobarse que el procedimiento de trabajo que se va a aplicar incluye todas las medidas y requisitos necesarios.
Durante este proceso es fundamental no fraccionar el producto, ya que la liberación de las microfibras no se produce salvo en caso de rotura. Es la exposición continuada a las fibras de este mineral la que puede provocar problemas respiratorios, pudiendo causar, si se prolonga en el tiempo, cáncer de pulmón, mesotelioma maligno y asbestosis.
"Ante una avería en la red de abastecimiento de agua por rotura de tuberías de fibrocemento, si la empresa tuviera que elaborar un plan específico tendríamos a la población sin agua durante toda la tramitación", según han precisado.
Por provincias, Zamora se sitúa a la cabeza con 435 planes activados desde 2015.
Le siguen Valladolid (308) y León (307) con cifras similares. Por detrás se sitúan Burgos (259), Salamanca (258), Segovia (153), Palencia (124), Ávila (94) y Soria (69).
En 2019 se activaron 495 de estos planes, una cifra que ha crecido de manera progresiva ya que en 2018 se contabilizaron 471 frente a los 429 de 2017, los 405 de 2016 y los 207 de 2015.
Una vez aprobado el plan, la empresa inscrita en el RERA, debe comunicar la fecha de inicio de los trabajos con una antelación mínima de tres días hábiles.
El control de estos trabajos lo realizan los técnicos de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral que, a través de una visita a los trabajos, comprueban que la empresa está desarrollando los trabajos conforme a lo indicado en el plan que se le ha aprobado.
Una vez finalizados los trabajos, la empresa está obligada a remitir la ficha para el registro de los datos de evaluación de la exposición de los trabajos con amianto.
En España la mortalidad relacionada con esta causa ha aumentado en los últimos años de 795 personas en 2002 a 1.900 en 2019, según datos del Centro Nacional de Epidemiología.
En este sentido, diversos estudios e investigaciones estiman que del 2010 al 2040 el amianto será responsable de 45.000 a 55.000 muertes en nuestro país. EFE
23-06-2020 - El nivel de ozono troposférico descendió en 2019 en El Bierzo.
Ical
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| Central térmica de Compostilla en Cubillos del Sil. / César Sánchez |
Así lo afirma un informe de Ecologistas en Acción en el que también se afirma que en Toral de los Vados hay niveles de contaminación por encima de lo recomendado por la OMS.
El ozono troposférico afectó a la mayor parte del territorio de la comunidad autónoma de Castilla y León, con casi todas las estaciones de medición computando superaciones elevadas del valor octohorario recomendado por la OMS. Así lo afirma un informe de Ecologistas en Acción en el que también se señala que los niveles se redujeron en relación a anteriores en el noroeste, especialmente en El Bierzo, coincidiendo con las menores temperaturas estivales y con el cierre de una de las dos centrales térmicas de carbón ubicadas en la comarca (Anllares) y la parada de la otra (Compostilla).
Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de azufre (SO2) en el aire también afectaron a una cuarta parte de la población de Castilla y León, repartida entre las aglomeraciones de León y Valladolid y el entorno de las centrales térmicas del norte de León y Palencia, aunque dentro de los límites legales. “Siguen, por tanto, siendo una seria amenaza para la salud, a pesar de que el año pasado se mantuvo la tendencia global a la baja de estos contaminantes, que se inició en 2008, con la crisis económica”, matiza el informe.
En relación a las PM10, las estaciones de Aranda de Duero, Burgos, Miranda de Ebro, León, Toral de los Vados, Venta de Baños, Medina del Campo y Valladolid sobrepasaron el valor medio anual y diario recomendado por la OMS, según precisó Ecologistas en Acción en el informe, mientras que los valores recomendados para las partículas PM2,5 se rebasaron en las cuatro estaciones urbanas de la ciudad de Valladolid, siendo muy escaso el número de medidores disponibles actualmente fuera de la ciudad, a pesar de ser el “contaminante más peligroso”.
A juicio de Ceballos, se trata de una contaminación que “daña los bosques y cultivos” y que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) provocó en España 30.000 muertes prematuras cada año por episodios de contaminación y 10.000 según el Instituto de Salud Carlos III.
