La Junta autoriza la ampliación de la fundición de la metalúrgica Memesa
Ecologistas en Acción acusa al Gobierno regional de «trato de favor» al alcalde de Medina del Campo

El grupo Ecologistas en Acción denunció ayer un supuesto trato de favor de la Junta hacia el alcalde de Medina del Campo, Crescencio Martín, al conceder la autorización medioambiental al proyecto de mejora de las instalaciones de fabricación de plomo de la empresa Metalúrgica de Medina S.A. (Memesa), de la que el regidor es miembro del Consejo de Administración.

El colectivo considera, a través de un comunicado, que la autorización -publicada ayer en el Boletín Oficial- es «manifiestamente ilegal en el fondo y en la forma», ya que no se ha sometido a la preceptiva información pública. Así, según los ecologistas, se ha privado a los ciudadanos de su derecho a participar en esta iniciativa.

Las acusaciones fueron desmentidas ayer por el director de Calidad Ambiental de la Junta, José Antonio Ruiz Díaz, quien recordó que Ecologistas en Acción «pudo dar su opinión al estar personada e informada permanentemente durante la fase de información pública».

Ecologistas en Acción critica que la autorización medioambiental solo se refiere al proyecto del horno para la fusión del plomo -instalado hace un año- y no a toda la instalación, como establece la Ley de Prevención Ambiental, aunque la Consejería de Medio Ambiente lo permitirá hasta el 30 de octubre de 2007, «de forma irregular», según los ecologistas. Este plazo, matiza Ruiz Díaz, «es el legal del que dispone la empresa para regularizar su situación».

La agrupación considera que la Junta ha «eximido» a Memesa del «cumplimiento de valores límite de emisión a la atmósfera y aguas superficiales» y ha renunciado a controlar el impacto ambiental de la instalación en el municipio.

Por Orden de 17 de mayo de 2004, publicada en el BOCyL de hoy, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha concedido autorización ambiental a la mercantil "Metalúrgica de Medina, S.A." (MEMESA) para el "Proyecto de mejora de la instalaciones de fabricación de plomo" en Medina del Campo (Valladolid), que en esencia legaliza el nuevo horno instalado por la empresa hace más de un año para la fusión de plomo, con una capacidad de 100 toneladas diarias.

Para Ecologistas en Acción, la autorización concedida a MEMESA es manifiestamente ilegal en el fondo y en la forma, y confirma el trato de favor que tradicionalmente se ha otorgado a esta empresa por sus vínculos con el actual alcalde de Medina del Campo y ex-diputado provincial Crescencio Martín Pascual. De entrada, llama la atención que la solicitud de autorización no se haya sometido a la preceptiva información pública, privando en particular a los ciudadanos de Medina del Campo de su derecho constitucional a la participación.

Por otro lado, la autorización sólo ha considerado una parte de las instalaciones de MEMESA (el nuevo horno en cuestión), a pesar de que según la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación cuando la modificación proyectada sea considerada como sustancial, ésta no podrá llevarse a cabo en tanto no sea otorgada una nueva autorización ambiental integrada para el conjunto del establecimiento, autorización general que la Consejería de Medio Ambiente demora de forma irregular hasta el 30 de octubre de 2007.

Para los ecologistas, lo más preocupante es que a pesar de tratarse de una instalación de gestión de residuos peligrosos, las autoridades ambientales regionales han decidido eximir arbitrariamente a MEMESA del cumplimiento de
valores límite de emisión a la atmósfera (el límite impuesto para las partículas es 15 veces superior al vigente) y aguas superficiales, omitiendo el establecimiento de consumos máximos de agua, materiales y energía y la cantidad máxima y tipos de residuos que se pueden generar. En este último aspecto, remite a una autorización anterior de la Consejería de Medio Ambiente, mantenida transitoriamente hasta 2007, que debería haberse integrado en la nueva.

Finalmente, la Junta de Castilla y León renuncia también a controlar el impacto ambiental de la instalación, limitando las mediciones de contaminantes en chimenea a una muestra de sólo partículas y plomo cada 6 meses (cuando la periodicidad legal mínima es quincenal) y omitiendo la posibilidad de ubicar algún punto de medición de la contaminación en Medina
de Campo y sus alrededores, ampliado a otros metales pesados emitidos por la fundición como el arsénico o el cadmio. Tampoco ha sido tenida en cuenta la petición de un estudio epidemiológico de la población de Medina del Campo para conocer su "capacidad de carga" frente a la exposición a las sustancias tóxicas mencionadas.

Para los ecologistas, todas estas irregularidades y el escaso interés por la preservación de la salud pública y el medio ambiente que denotan sientan un mal precedente en la aplicación de la nueva Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León, que entró en vigor hace casi un año y en virtud de la cual la primera autorización otorgada en la provincia de Valladolid ha sido precisamente la de MEMESA.

El Ayuntamiento de Medina del Campo aprobó ayer, en el transcurso del pleno correspondiente al mes de mayo, la modificación del contrato de gestión y explotación de los espectáculos taurinos, a petición de la empresa concesionaria, Pedritoro. Las novedades consisten en la suspensión de la novillada de San Antonio, 'fiesta chica' de la villa, el próximo 13 de junio, y de la de San Antolín para ofrecer en su lugar una «buena» corrida de toros con toreros y banderilleros, además de la tradicional corrida de todos los años.

El resto de espectáculos que se ofrecerán en San Antolín serán una corrida de rejones, una becerrada y un espectáculo cómico-taurino. Además, la misma empresa organizará y gestionará el tradicional Concurso de Cortes de la villa, responsabilidad hasta ahora de la asociación taurina Los Cortes.

En la sesión plenaria se aprobó asimismo el establecimiento de precios públicos por la celebración de actos en el Auditorio Municipal y en el Salón de Plenos. Las asociaciones e instituciones que utilicen estas instalaciones tendrán que abonar entre 300 y 100 euros, en el caso del Auditorio, y entre 30 y 15 euros, en el del Salón de Plenos, dependiendo de si las agrupaciones tienen o no ánimo de lucro.

Por otra parte, la Escuela Municipal de Música de la villa forma parte desde ayer de la Asociación de Escuelas Municipales de Música de Castilla y León, tras la aprobación en el pleno del convenio suscrito entre las dos partes.

REBECA CID/MEDINA DEL CAMPO