En los siglos XVI y XVII, la política de ortodoxia religiosa y de uniformidad ideológica impuesta en España por la iglesia católica y la monarquía incidió de forma notable en el trato deparado a los gitanos. Se intentó asimilar a la minoría gitana mediante sucesivos decretos represivos, cuya misma reiteración evidenciaba que tenía poco éxito, o éste era tan solo momentáneo, y que el problema de los gitanos continuaba insoluble.
La legislación referente a los gitanos fue endureciéndose con el tiempo. A las penas físicas, como el azote, añadieron otras tendentes a lograr un control moral y demográfico. Por ejemplo, se llegó a proponer la prohibición del matrimonio entre mujer y varón de la misma etnia, mientras que no se impedían los enlaces con los no gitanos. Se propuso también apartar a los hijos de la educación de los padres. Coincidiendo con la expulsión de los moriscos, se llegó a discutir hacer propio con los gitanos.
Su forma de vida, el nomadismo, sus costumbres, estaban en contradicción con el espíritu de la Contrarreforma para el que resultaba inaceptable el matrimonio no canónico practicado por los gitanos, su aparente promiscuidad, dado que convivían y dormían todos juntos, además de la consanguinidad en los enlaces.