02-11-06 - Amoedo advierte a 32 alcaldes de que irá al fiscal por su falta de colaboración Valladolid, Salamanca, León y Zamora son ayuntamientos a los que el Procurador del Común ha reclamado información de forma reiterada S. ESCRIBANO/VALLADOLID

Javier Amoedo conversa con el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, en una imagen de archivo. / J. T.

Están obligados por ley, pero se muestran reticentes a colaborar. Hasta tal punto, que el Procurador del Común, Javier Amoedo, ha tenido que apercibirles con acudir al fiscal si siguen haciendo caso omiso de sus peticiones. 32 han sido los ayuntamientos a los que el defensor del pueblo de los ciudadanos de Castilla y León ha reclamado de forma reiterada, y sin éxito, la documentación necesaria para investigar quejas interpuestas por ciudadanos disconformes con el trato recibido por estas administraciones.

«Ha sido necesario reiterar la petición a la Administración afectada hasta en cuatro, e incluso en cinco ocasiones. Esto dificulta nuestra labor y vulnera los principios de eficacia y servicio a los ciudadanos», confesó recientemente en las Cortes el propio Procurador del Común. Javier Amoedo ha optado, para atajar esa desconsideración hacia su departamento y el perjuicio que conlleva a los ciudadanos que presentan la quejas, por telefonear él mismo a los alcaldes.

En esta lista de aquellas corporaciones en las que los requerimientos del Procurador del Común duermen el sueño de los justos en algún cajón olvidado figuran los dos ayuntamientos más importantes, atendiendo a la población, de la región: Valladolid y León. Según el último informe elaborado por la Procuraduría del Común, cerrado a 31 de enero de este año, seguía sin resolverse una queja interpuesta en el 2004 contra el Consistorio que preside Javier León de la Riva, del PP. El caso de la capital leonesa es más grave. Cinco expedientes, uno de ellos del 2002, permanecían sin cerrar por la negativa del Ayuntamiento que dirige Mario Amilivia, compañero de partido del regidor vallisoletano, a enviar la información solicitada.

Quejas del 2002

No son las únicas capitales de provincia de la lista. Figuran también el Consistorio de Salamanca, en el que el personal al mando del también popular Julián Lanzarote se resiste a facilitar información sobre cuatro quejas, una de ellas del 2002, y el de Zamora. A la institución que dirige el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Antonio Vázquez (PP), se le ha requerido en varias ocasiones documentación para investigar una queja del 2004.

Si los retrasos o la falta de colaboración son más aceptables cuando se trata de ayuntamientos pequeños que sufren falta de personal -el Procurador del Común va a investigar si los servicios de asesoramiento a municipios de las diputaciones están suficientemente dotados-, resulta más difícil de explicar en los grandes municipios sin contar con la intencionalidad de obstaculizar la investigación. A las capitales que el año pasado dejaron asuntos pendientes, hay que sumar otros ayuntamientos que no pueden poner la excusa del desconocimiento de la obligación legal de colaborar con el Procurador del Común o la falta de personal. Serían los casos de Ponferrada o San Andrés del Rabanedo, en León; de Medina del Campo (con siete quejas sobre las que no remite información) o Tudela de Duero, en Valladolid, y de Arenas de San Pedro, en Ávila.

Ni el Procurador del Común, ni ningún otro defensor del pueblo autonómico, salvo el Ararteko vasco con el Ayuntamiento de Pasajes, han solicitado nunca el amparo del fiscal. En el caso vasco había una cuestión de principios de fondo. El alcalde de Pasajes devolvía todos los escritos del Ararteko porque se encabezaban con el artículo de la Declaración de Derechos Humanos que reconoce a toda persona el derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal, cita que remataba un contundente «ETArik ez, ETA no». El regidor fue condenado por los jueces.

02-11-06 - Demanda de una legislación más dura en apoyo del defensor del pueblo regional S. E./VALLADOLID

El Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, ha solicitado a las Cortes cambios en la legislación que regula su actividad. Amoedo ha pedido ampliar sus competencias para supervisar cuestiones que atañen a sociedades y fundaciones públicas y también a concesionarios de servicios públicos, figuras cada vez más utilizadas por las Administraciones para delegar cuestiones de gestión. Una posibilidad de inspección que quiere ampliar también a las propias Cortes autonómicas.

El Procurador del Común defendió la conveniencia de que se contemple por ley la obligación por parte de las Administraciones de motivar los rechazos de las resoluciones de su departamento sobre las quejas que les atañen y de comunicar las medidas adoptadas en el cumplimiento de las que sean aceptadas. Estos aspectos fortalecerían la imagen de utilidad del trabajo del Procurador e incrementarían la confianza de los ciudadanos en la efectividad de presentar una queja. De ponerse en práctica, será con las Cortes que salgan de las elecciones de mayo del 2007.