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• Medalla de Distinción de Medina del Campo
• 07-01-08 - La ‘Pepa' de los nuestros
• 23-11-1809. Acción de Medina del Campo
• Jerónimo Valdés Sierra
• Pablo Morillo Morillo
• Manuel Bausá y Ortiz
• Juan Ignacio de Armada Caamaño Ibáñez de Mondragón y Salgado de Sotomayor

Medalla de Distinción de Medina del Campo

Medalla de Distinción de Medina del Campo

Fernando VII la otorga en 2 de julio de 1815 para premiar a las fuerzas del duque del Parque, que rechazaron, batieron y persiguieron a las tropas del general Marchand en su ataque sobre Medina del Campo.

Consiste en una medalla ovalada, esmaltada en blanco, en cuyo centro una corona de laurel orlada con la inscripción en letras amaranto "Al valor Medina del Campo noviembre 23 de 1809". El reverso es liso.

Cuelga de una cinta blanca, con filetes verdes.

(Fuente de información: (http://www.1808-1814.org/) - (http://www.1808-1814.org/frames/framcond.html)

23-11-1809. ACCIÓN DE MEDINA DEL CAMPO

Como consecuencia de la victoria de Tamames (V. 18 de octubre), ocupó el duque del Parque a Salamanca, donde se reunieron todas las divisiones del ejército de la Izquierda, menos la 4ª, que continuaba en el Vierzo cerrando las avenidas de León y Galicia, disponiendo así aquel de unos 26.000 hombres. Para coadyuvar a la campaña emprendida por Areizaga con su ejército de la Mancha (V. 19 de noviembre), movióse el duque del Parque el 19 de noviembre hacia Alba de Tormes, de donde retrocedió una columna enemiga de 5.000 hombres, esquivando prudentemente el combate, y aquel siguió avanzando por Cantalapiedra hasta el Carpio, tres leguas distante de Medina del Campo, punto designado por el general Kellerman para la concentración de todas las fuerzas del distrito de su mando (Castilla la Vieja).

El 23 al amanecer dispuso el Duque sus tropas para el combate, dejando la mayor parte de ellas ocultas para engañar al enemigo y atraerlo a sus posiciones; mas los franceses no cayeron en el lazo, y entonces, a la una de la tarde, hizo avanzar todo el ejército: la División de vanguardia, a cargo de don Martín de la Carrera, en el centro; la división asturiana (3ª), de don Francisco Ballesteros, a la derecha; la 1ª, de don Francisco J. De Losada, a la izquierda; la caballería en las dos alas, y en reserva la 2ª, a las órdenes del conde de Belveder; en el Carpio quedó la División castellana (5ª) con su jefe el marqués de Castrofuerte. Los contrarios, ante el bien concertado movimiento de los españoles, que marchaban por aquella vasta llanura con un aplomo y precisión admirables, fueron replegándose hasta la eminencia inmediata a Medina, a cuyo alrededor se establecieron sólidamente, procurando contener el avance de las tropas del Duque con un nutrido fuego de artillería, contestando con igual vigor por la nuestra, que no le cedía en lo bien servida y certera (según Gómez de Arteche), permaneciendo a la defensiva hasta que, reforzados por algunos regimientos de dragones, los lanzaron contra el ala derecha española, cuya caballería cedió el campo, dejando descubierto el flanco de la 3ª División, que se vio a su vez acometida por los jinetes imperiales; mas Ballesteros hizo desplegar los últimos escalones, que con fuego a quemarropa hicieron volver grupas a los contrarios. En esto sobrevino la noche, y aun cuando los franceses se atribuyeron también la victoria, no consideraron prudente mantenerse en sus posiciones, abandonando también Medina del Campo, que el Duque hizo ocupar la mañana siguiente por un fuerte destacamento de caballería (V. 28 de noviembre).

Las bajas fueron por una y otra parte de poca consideración (contáronse, entre los jefes y oficiales muertos, el coronel del regimiento de Lena don Juan Drimgoold, el primer ayudante general don Salvador Molina, del Estado Mayor de la División Ballesteros, y el teniente de Voluntarios de Cataluña don Fernando Valdés).

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07-01-2008 - La ‘Pepa' de los nuestros

Las provincias de Castilla la Vieja y León designaron a un total de 92 parlamentarios, aunque finalmente sólo 49 ejercieron como tales en las Cortes de Cádiz de 1810 y 1813. - MARÍA MARTÍN (ICAL)

El 19 de marzo de 1812 la ciudad de Cádiz estalló en alegría. Pese a que los cañones franceses continuaban bombardeando la capital gaditana, el pueblo celebró exultante la primera Constitución de corte liberal para España; un texto que, si bien no incluía la carta de Derechos del Hombre (que Francia había aprobado unos años antes) sí suponía, en la práctica o al menos sobre el papel, la ruptura definitiva con el Antiguo Régimen. La Constitución de Cádiz, ‘la Pepa' (por haberse aprobado el día de San José), derrocaba el sistema de clases del periodo anterior y declaraba en su artículo 3 que la soberanía reside en el pueblo. Un avance democrático sin precedentes que proporcionaba al país los instrumentos necesarios para caminar hacia el Liberalismo, si bien se dejaba algunos derechos importantes en el tintero, como la concesión del sufragio a los esclavos, a las mujeres o a los hombres libres procedentes de África.

No fue fácil llevar a buen término la Constitución, de hecho fue sancionada tras año y medio de intensos debates entre los parlamentarios reunidos en las Cortes de Cádiz desde septiembre de 1810. Y es que entre los diputados quedaron patentes las dos Españas que, como consecuencia colateral, había enfrentado la invasión francesa. Así, si bien todos luchaban contra un mismo enemigo, el invasor encarnado en Napoleón Bonaparte, los llamados realistas no veían con tan malos ojos las políticas liberales que el francés pretendía instaurar en España. Por el contrario, frente a las ansias reformistas de una parte del país, la otra mitad abogaba por reforzar el Antiguo Régimen y retomar el absolutismo.

Con todo, los alrededor de 400 diputados designados por todas las provincias de España -incluidas las colonias- se reunieron en la Isla de León (hoy municipio de San Fernando) donde el 24 de septiembre de 1810 inauguraron las primeras Cortes de Cádiz, después de hacer públicos tres juramentos: por la religión católica, por la integridad de la nación española, y por Fernando VII, todavía cautivo en Bayona, cuyo regreso y reinado se pretendía lograr de forma paralela a la expulsión del enemigo francés.

Nuestros parlamentarios. La representación de las provincias de Castilla la Vieja y León en las Cortes de Cádiz, según el proyecto de investigación desarrollado por las cuatro universidades públicas de la Comunidad y coordinado por el historiador vallisoletano Pedro Carasa Soto, ascendió a 92 parlamentarios designados, si bien muchos de ellos no llegaron a ejercer o su elección fue anulada por diversos motivos. Finalmente, 49 diputados castellanos y leoneses dejaron su voz y su voto en ‘la Pepa' o bien participaron en su puesta en marcha, a partir de las Cortes convocadas en 1813, al término de la Guerra.

El citado proyecto en Valladolid ha contado con la participación del profesor del Departamento de Historia Contemporánea Juan Antonio Cano García y aporta gran cantidad de información sobre este periodo de la historia de Castilla y León, sobre el cual no existían investigaciones. Así lo subraya el profesor Cano, quien señala que este proyecto se inició hace unos años «trabajando sobre los parlamentarios de la Restauración, bajo la dirección de Pedro Carasa», fruto del cual obtuvieron un «éxito científico muy reconocido a nivel nacional». Impulsados por este reconocimiento del mundo académico, se decidieron a estudiar el periodo anterior, desde las Cortes de Cádiz al Sexenio Democrático, y así se integraron «en un proyecto nacional para reconstruir todo el parlamentarismo español».

Y es que, añade Juan Antonio Cano, existía un «vacío» en el estudio de los parlamentarios españoles y, de hecho, es muy difícil encontrar «referencias a las elecciones o a la personalidad de los parlamentarios» en cualquiera de los muchísimos estudios que, no obstante, se han hecho sobre la Guerra de la Independencia. Dispuestos a acabar con ese vacío, varios profesores de las universidades públicas de la región (Burgos, León, Salamanca y Valladolid) se pusieron manos a la obra a «bucear en los archivos» para pincelar la vida y obra de todos aquellos nombres, hasta entonces sólo nombres, que aparecen en las listas de parlamentarios de las Cortes de Cádiz.

Tras tres años de trabajo, este grupo de profesores ya ha finalizado la labor de archivos y está redactando las biografías de todos los diputados, con el objetivo de publicar un «diccionario biográfico», como ya hicieron con los representantes de la Restauración.

Elecciones y guerra. Naturalmente, el proceso de designación de los parlamentarios que integraron las Cortes constituyentes fue largo, tedioso y complicado. La ocupación que sufría gran parte de las ciudades españolas por parte de los franceses hacía prácticamente imposible la celebración de reuniones para elegir a los diputados provinciales, convocados por la Junta Suprema Central instalada inicialmente en Sevilla y que posteriormente se disolvió y se transformó en un Consejo de Regencia, mientras se aprobaba la Constitución en Cádiz.

Según explica Juan Antonio Cano García, se dieron «dos tipos de elecciones» ya que «se entendía que todas las provincias tenían que elegir a sus diputados, pero se daba el caso de que muchas estaban en todo o en parte ocupadas por los franceses». Así, por ejemplo, en los lugares que fuera posible se elegían a los representantes «entre un grupo de electores que tenían derecho a ello en función de su condición hidalga», esto es, nobleza, clero y burocracia. De este modo, se elige a «gente extraída de estos grupos sociales que luego, curiosamente, son los que crean una Constitución que precisamente intenta acabar con los privilegios».

Por otro lado, en los casos de zonas ocupadas por los franceses «se arbitró otro proceso por el cual desde el mismo Cádiz se elegía a los representantes de esas provincias entre los vecinos que estuvieran residiendo en Cádiz». Y es que esta ciudad «era la última milla cuadrada libre del invasor, era una ciudad muy comercial y muy cosmopolita, con gente de muy variadas procedencias», explica el profesor Cano García.

Después de la elección de los representantes, se realizaba un sorteo para designar a los que definitivamente irían a Cádiz. En el caso de Valladolid, por ejemplo, reunidos los ciudadanos en Puebla de Sanabria para votar, puesto que las provincias no tenían las demarcaciones actuales, Juan Antonio Cano ha detectado «un antecedente de partidos políticos, porque había un grupo de compromisarios que siempre elegían a los mismos y que fueron los que terminaron siendo elegidos».

Este pionero partido estaba encabezado por el Conde de Adanero, Álvaro María de Ulloa, propietario de un mayorazgo en Medina del Campo, quien llegó a ser diputado por Valladolid en las cortes del Trienio Liberal (1820-1823), «siendo considerado, a pesar de su condición social, como cercano a los exaltados», apunta el avance del proyecto de investigación. Su hijo también fue diputado en 1836, aunque trasladó su actividad política a Cáceres y un tercer Conde de Adanero tuvo «una efímera representación parlamentaria por un distrito castellano en 1919».

Nombres destacados. La vocación política no fue, sin embargo, una cualidad de los diputados enviados a Cortes, puesto que «no existía la profesión política como tal». Por eso, son muy raros los casos de compromisarios que tengan una proyección pública posterior, aunque hay algunos y muy destacados. Sobre todos ellos está Evaristo Pérez de Castro (Valladolid, 1778-Madrid, 1848), quien fue secretario de las primeras Cortes de Cádiz y responsable del célebre Decreto de 24 de septiembre de 1810 en el que ya se otorgaba la soberanía nacional al pueblo. Entre sus logros políticos destaca, además de su papel en las dos convocatorias de Cortes de Cádiz, la entrevista en Bayona con Fernando VII, su cargo como ministro de Gracia y Justicia durante el Trienio Liberal -decretando el regreso a España de los afrancesados exiliados- y posteriormente, desde posturas más moderadas, estuvo año y medio al frente del Gobierno durante la Regencia de la Reina María Cristina, entre 1838 y 1840.

Además, en León aparece el nombre de Joaquín Díaz Caneja, de profesión abogado, y con participación en las elecciones posteriores de 1836, 1839 y 1843. «Toda su familia tiene una larga proyección política», añade el profesor de la UVA. También letrado, aparece Tomás Moyano, diputado en ambas convocatorias de Cádiz por Valladolid y que llegó a ser ministro de Gracia y Justicia en 1814, una vez que Fernando VII recuperó el poder absoluto.

Destaca asimismo en esta investigación la limitada presencia de la nobleza, con escasos representantes, como el Marqués de Espeja y el Conde de Calderón. Frente a esto, tuvieron mucho peso los eclesiásticos, desde párrocos rurales a inquisidores y obispos, entre los que es reseñable el nombre del escritor Juan Nicasio Gallego, clérigo y diputado por Zamora, de ideas liberales, lo que le valió su encarcelamiento al regresar Fernando VII. Del mundo de la cultura proceden asimismo nombres como Gabriel Ugarte, autor de obras históricas sobre la Diócesis de Valladolid, y Lucas Gómez, escritor jurídico. También se designaron compromisarios procedentes de la elite universitaria y de los ayuntamientos.

Su contribución al proceso constituyente no fue demasiada. Según señala Juan Antonio Cano, los diputados castellanos y leoneses «no figuraron entre los que tomaron parte en las discusiones más importantes» y sus intervenciones se limitaron, en la mayor parte de los casos, a los efectos de la guerra sobre sus respectivas provincias.

Vaivén de símbolos. Tras la aprobación en Cádiz, la Constitución fue jurada por las autoridades de todo el país en sucesivos actos solemnes. En Segovia hay constancia en su Archivo Municipal de la celebración de este juramento el 24 de agosto de 1812, Día de San Bartolomé. «El concurso de gentes que asistió a este acto tan digno como importante fue de los mayores y más lúcidos que se han visto en el pueblo y todos manifestaron con el mayor decoro el júbilo y suma complacencia que producía clamor y lealtad que profesan a su augusto Soberano, a la Constitución y a la Regencia del Reino», cita el documento de la sesión del citado día.

Y es que cuando se promulgó la Carta Magna, fueron muchos los juramentos, homenajes y placas conmemorativas que se instalaron en todo el país, si bien cuando Fernando VII abjuró de la Constitución todo esto se eliminó. El vaivén de símbolos continuó en los años siguientes, con la recuperación de los homenajes liberales en el inicio del Trienio Liberal, en el año 1820, y su destrucción tres más tarde, en 1823.

Quedan, sin embargo, repartidos por Castilla y León, algunos monumentos a los héroes de la Independencia, tanto los soldados que cayeron en el frente como los que lucharon en el ámbito político, desde las Juntas Provinciales creadas como gobiernos revolucionarios frente al poder que intentaban imponer desde Francia. En Soria, por ejemplo, un monolito recuerda a los tres vocales de la Junta de Burgos que fueron asesinados en la capital soriana el 2 de abril de 1812 durante la huida en retirada de los franceses. En la capital burgalesa, una placa bajo el Arco de Santa María hace alusión al mismo hecho y nombra incluso a los «heroicos vocales de la Junta Superior de Burgos, José Ortiz de Covarrubias, Pedro Gordo, Eulogio José Muro y José Gregorio Navas, mártires de la independencia patria».

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